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Economía

Se negoció en baja el valor de la hacienda en el Mercado de Liniers

Respecto del viernes, el Índice General retrocedió un 1,40%, al pasar de 72,765 a 71,745 pesos por kilo 3 de diciembre de 2019  • 16:10 Con la entrada de 10.907 vacunos, que superó las necesidades de los compradores, el valor de la hacienda se negoció en baja hoy en el Mercado de Liniers. Respecto del…

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Respecto del viernes, el Índice General retrocedió un 1,40%, al pasar de 72,765 a 71,745 pesos por kilo
3 de diciembre de 2019  • 16:10

Con la entrada de 10.907 vacunos, que superó las necesidades de los compradores, el valor de la hacienda se negoció en baja hoy en el Mercado de Liniers. Respecto del cierre del viernes pasado, el Índice General retrocedió un 1,40%, al pasar de 72,765 a 71,745 pesos por kilo, mientras que el Índice Novillo perdió un 2,84%, tras variar de 77,902 a 75,692 pesos.

Los mejores valores de la rueda para las haciendas livianas fueron los siguientes: en novillitos, $84,50 con 357 kilos, $84,20 con 350 kg y $82 con 408 y con 419 kg, y en vaquillonas, $82 con 304 kg, $79,40 con 365 kg y $76,80 con 395 kilos. Con 893 cabezas, los novillos representaron el 8,27% del total vendido y lograron un máximo de $82 para un lote con 438 kilos. Le siguieron, $81 con 474, 475 y con 494 kg, y $80 con 457, 494 y con 529 kg. En la venta de las vacas se pagaron $77 con 503 kg, $74 con 443 kg y $73 con 468 kilos.

El Índice General del Mercado de Liniers SA fue de $71,745 y el peso promedio general resultó de 407 kilos. El Índice Novillo del Mercado de Liniers quedó en $75,692. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $75,692. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $76,697. Detalle de venta: novillos 893; novillitos 3102; vaquillonas 2836; vacas 2931; conservas 737, y toros 304. Base 25 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (457) Trama e Hijos nt. 32, 403 kg a $80; 31, 378 a 81; Ibáñez n. 31, 443 a 77; Las Víboras vq. 33, 423 a 67; Manente v. 30, 491 a 70; Samarpa Agropecuaria nt. 46, 347 a 81.
Asoc. de Coop. Argentinas: (90) El Recuerdo nt. 42, 417 a 80,50.
Balcarce y Cía. SRL: (126) Marban vq. 50, 284 a 75.
Blanco Daniel y Cía. SA: (478) Alvarez vq. 25, 400 a 64; Cadamuro nt. 30, 423 a 80; Carelli vq. 38, 393 a 76; Llinares v. 34, 487 a 72; Pasini n. 25, 488 a 72.

Campos y Ganados SA: (499) García nt. 25, 364 a 82,60; Los Rezagos nt. 30, 403 a 72; Portarrieu de Raya vq. 66, 334 a 50.
Casa Massola SA: (80) Lena n. 38, 492 a 81.
Colombo y Magliano SA: (876) Biofeeds Argentina vq. 54, 297 a 78; Caldentey n. 41, 470 a 78; Disna n. 31, 379 a 75; Don Benjamín v. 29, 556 a 70; Golpe de Agua nt. 30, 330 a 82; La Zulema v. 30, 470 a 68; Suc. Igarza v. 33, 489 a 46; Valenti nt. 37, 401 a 80; Vergara n. 28, 515 a 78.
Consignataria Melicurá SA: (128) Estab. Los Manantiales nt. 40, 412 a 81.
Crespo y Rodríguez SA: (165) Arancet vq. 76, 401 a 47; Suc. Zanelli v. 30, 447 a 72.

Da-Nes SRL: (183) Da-Nes nt. 45, 388 a 73; vq. 71, 300 a 82.
Dotras, Ganly SRL: (239) Don Goyo vq. 79, 311 a 80; Gaviña v. 25, 443 a 60; Salvadori n. 39, 461 a 80.
Gahan y Cía. SA: (110) Lomendia v. 25, 494 a 69,50.
Ganadera Salliqueló SA: (160) Tres Árboles nt. 38, 361 a 80.
Gogorza y Cía. SRL: (178) Est. San Martín de Filomena nt. 30, 368 a 82; Tyrrell v. 57, 527 a 72.
Harrington y Lafuente SA: (217) Cuatro Ramas v. 25, 442 a 60; De Lusarreta nt. 38, 413 a 80.
Iriarte Villanueva Enrique SA: (118) Nueve Leguas nt. 30, 416 a 77.
Jáuregui Lorda SRL: (91) Baldi vq. 29, 333 a 80.

Lalor SA: (50) Araya nt. 40, 419 a 78.
Lartirigoyen & Oromí SA: (673) Cabral vq. 50, 327 a 78; Calchaqui Ii vq. 37, 407 a 76,80; Est. Ananquel nt. 39, 367 a 77; Est. El Rincón nt. 26, 355 a 77; Est. San José de Langueyu nt. 28, 350 a 76; Los Huiliches Agrupación v. 52, 505 a 72,20; Rodacam vq. 33, 310 a 79; Sacfil v. 34, 445 a 67; Socibar v. 38, 508 a 72,50; Tognetti nt. 25, 370 a 78.
Ledesma y Arana SRL: (148) Gabastou nt. 59, 339 a 80; vq. 28, 304 a 80,50.
Llorente-Durañona SA: (345) Felice Hnos. vq. 25, 359 a 78; Hijos de Adrogué vq. 41, 380 a 71; 43, 346 a 73.

Madelan SA: (566) contado, Aleana v. 30, 476 a 60; Blasfer nt. 29, 419 a 82; Kikel vq. 25, 305 a 81,80.
Martín G. Lalor SA: (629) Agrop. Don Egidio nt. 27, 354 a 82; Cabaña La Marianita nt. 29, 380 a 80; Falcomer vq. 54, 353 a 77; Farroni vq. 28, 332 a 78; Maguire nt. 40, 343 a 72; Naiquel nt. 32, 370 a 83,50; 46, 356 a 84; 46, 351 a 84,20.
Mendizábal A. J. y Cía. SA: (494) Beheran Hnos. vq. 31, 359 a 77; Di Pace v. 34, 525 a 70; Est. La Armonía n. 36, 484 a 78; Los Pilucos nt. 25, 341 a 80; 25, 364 a 81.
Monasterio Tattersall SA: (1012) Agrop. El 19 nt. 39, 426 a 75; vq. 25, 290 a 83; Cerro Agrop. nt. 45, 335 a 82; Est. y Cab. Las Lilas nt. 81, 344 a 80; Iribarne nt. 30, 426 a 79; Naiquel nt. 77, 359 a 83,50; 58, 367 a 84,50; Philipa nt. 33, 386 a 82; vq. 39, 329 a 80; 37, 316 a 81,20; Trueba nt. 25, 374 a 81.
Nieva H. y Asociados SRL: (305) Agrop. La Aguada vq. 63, 340 a 70; 39, 314 a 75; Campos del Triángulo n. 34, 450 a 78; Guarrochena vq. 85, 306 a 81; 73, 281 a 83.

Pedro Genta y Cía. SA: (233) Rincón de Talas nt. 45, 404 a 80; Santa Agustina vq. 38, 407 a 60.
Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (633) Agro Cereal 9 de Julio vq. 25, 323 a 80; Est. La Encarnación n. 38, 476 a 81; Gómez Pereyra v. 34, 529 a 70; Maefa nt. 26, 373 a 80; Mercader vq. 34, 344 a 55; Mirolu v. 35, 476 a 70; San Martín nt. 25, 407 a 81,50.
Santamarina e Hijos SA: (136) Willis v. 32, 438 a 70.
Wallace Hermanos SA: (308) Bernaudo n. 54, 479 a 70.
Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (40); Casa Usandizaga SA (65); Colombo y Colombo SA (257); Consignataria Blanes SRL (44); Consignataria Nieva y Cía. SA (32); Ferias Agroazul SA (124); Heguy Hnos. y Cía. SA (37); Hourcade Albelo y Cía. SA (20); Irey Izcurdia y Cía. SA (14); Lanusse-Santillán y Cía. SA (83); O’Farrell Iván L. SRL (26); Pujol Benito y Cía. SA (89); Urioste, Méndez Casariego, Canessa SA (54).

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Economía

En Córdoba se quejan por una doble pérdida de recursos

Entre 500 y 700 productores de Santa Fe se reunieron ayer en Armstrong para analizar las medidas Crédito: Marcelo Manera Los productores criticaron la suba de retenciones sin aviso; la provincia recibirá menos ingresos federales CÓRDOBA.- Las malas noticias llegaron por una doble vía. El campo cordobés estima aportar unos US$300 millones más por la…

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Entre 500 y 700 productores de Santa Fe se reunieron ayer en Armstrong para analizar las medidas Crédito: Marcelo Manera

Los productores criticaron la suba de retenciones sin aviso; la provincia recibirá menos ingresos federales

CÓRDOBA.- Las malas noticias llegaron por una doble vía. El
campo cordobés estima aportar unos US$300 millones más por la «actualización» del
esquema de retenciones
dispuesto por la Nación. Y paralelamente el gobierno provincial renunciaría a recursos, ya que el impuesto no se distribuye.

En el último mes, cuando se daba por hecho que habría un alza de las retenciones, el gobernador Juan Schiaretti convocó a «defender» al campo.

Las diferencias de Córdoba con el kirchnerismo comenzaron en 2008, en el primer gobierno de Cristina Kirchner, cuando Schiaretti apoyó al campo en las protestas contra las retenciones móviles impuestas por la resolución 125.

En la campaña no se sumó a los apoyos a Alberto Fernández y el día de su asunción como presidente solo hubo un saludo protocolar.

«Aumentar las retenciones no es el camino. El verdadero desarrollo de la Argentina se hace con otra estructura y fomentando las inversiones en nuestro sector, que es el verdadero motor de la economía argentina», planteó Luis Magliano, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, en un comunicado. Y agregó que se habla, incluso, de «renta extraordinaria».

«Ahora bien, tendríamos que hacer referencia a que también hay ‘pérdidas extraordinarias’. Pérdidas que muchas veces pasan inadvertidas. La producción agropecuaria expone a la intemperie un capital enorme de trabajo. Las condiciones del tiempo y las inclemencias del clima también implican riesgos. ¿El nuevo gobierno tendrá en cuenta esto o solo se empeñará en decretar medidas que nos impiden producir?».

Ayer, en la concentración de productores autoconvocados en Armstrong (Santa Fe) participaron decenas de representantes del sudeste cordobés, una de las zonas más productivas de la pampa húmeda. David Tonello, titular de la Rural de Río Cuarto, ratificó la oposición a la medida porque «le pone un pie al sector productivo, igual que la doble indemnización».

Sebastián Quiroga, vocero del movimiento Campo más Ciudad -que nació después de las PASO para apoyar la «marcha del millón» del macrismo en octubre-, indicó a
LA NACION que en el plenario realizado en esta ciudad hace unas semanas plantearon que las retenciones «directamente no deberían existir» y apuntó a la «forma en que se quieren imponer, sin consenso y sin contemplar situaciones diferentes, como es la de un productor a 50 kilómetros del puerto y uno a más de 800 kilómetros».

«Fue un impuesto creado a partir de una coyuntura y quedó
in eternum. Es distorsivo, genera retracción y la Nación lo usa para hacer caja porque no se coparticipa», agregó.

A la vez, recordó que en la presidencia de Eduardo Duhalde eran del 5% y la tonelada de soja valía US$450. «Una realidad que nada tiene que ver con la actual».

Schiaretti -quien no habló después de la disposición- recientemente enfatizó que había que «cuidar» al campo.

Un trabajo del economista Marcelo Capello del Ieral estima que si las retenciones volvieran a pesar en el PBI lo mismo que en 2015 (1,8% del producto), Córdoba perdería unos $1938,6 millones de coparticipación de Ganancias.

Además, con la suba de retenciones, la menor actividad en las provincias con mayor producción primaria impacta negativamente en impuestos provinciales como Ingresos Brutos y Sellos.

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Economía

El plan «derrame inverso» sale a la cancha

16 de diciembre de 2019   Contra lo que fue la teoría del derrame que ganó popularidad en Estados Unidos durante el gobierno de Ronald Reagan en los 80 y en América Latina en los 90, el nuevo gobierno ha comenzado a implementar un plan económico que bien podría considerarse un «derrame inverso». En lugar…

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16 de diciembre de 2019  

Contra lo que fue la teoría del derrame que ganó popularidad en Estados Unidos durante el gobierno de Ronald Reagan en los 80 y en América Latina en los 90, el nuevo gobierno ha comenzado a implementar un plan económico que bien podría considerarse un «derrame inverso». En lugar de dinamizar la economía de «arriba hacia abajo», la idea es hacerlo en el sentido contrario: «de abajo hacia arriba».

El plan tiene sentido con lo que a grandes rasgos se esperaba, y con lo que se prometió en la campaña electoral. La prioridad estará puesta inicialmente en los alimentos. Se anunció el lanzamiento de una tarjeta alimentaria que llegará a dos millones de hogares con alta fragilidad estructural, a partir de bases de datos de la Anses y la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que les permitiría resolver necesidades muy básicas.

En simultáneo se mantendrá el programa de Precios Cuidados, que ya lleva más de seis años de vigencia, y se prevé además que haya algún mecanismo de corto plazo para recuperar poder adquisitivo. Probablemente una conjunción de incrementos salariales con cierta estabilidad temporal de precios.

A lo que se suma el anuncio oficial del regreso de la doble indemnización por seis meses para desincentivar los despidos sin causa justificada.

Es esperable entonces que el mercado de consumo masivo -alimentos, bebidas, cosmética y limpieza- vuelva a recuperar volumen de ventas de manera progresiva. Especialmente si se considera que estos productos representan cerca del 40% del gasto de los hogares de los estratos más bajos, según la medición más reciente que acaba de publicar el Indec. El dinero adicional que llegue a estas familias se destinará en buena parte a la heladera y a la alacena.

La otra pata del plan es generar herramientas para crear consumo anticipado. En otras palabras, crédito. Por ahora se especula con una baja pronunciada de la tasa de interés por parte del Banco Central, otorgándoles a los bancos los mecanismos para que puedan concretarla, lo que favorecería tanto a las pymes como al comercio de bienes durables.

Efecto créditos

Lo que ya no es especulación, sino una medida oficial, es el reciente anuncio de un programa de microcréditos prácticamente a tasa de interés cero, que abarcaría al 40% de la población y que irá por fuera del sistema bancario. Este programa tiene como objetivo no solo dotar de bienes de capital -herramientas y máquinas- a millones de autónomos y cuentapropistas, sino también «reperfilar» la deuda de las familias de los sectores bajos.

La conjunción de ambos factores -más capacidad productiva y un canje de deuda a tasa altas por otra a tasas muy bajas- les permitiría, si todo sale como se pensó, volver al mercado de crédito en un tiempo no muy largo, impulsando así las ventas de electrodomésticos, indumentaria, motos y construcción/reparación del hogar, entre otros rubros.

La clase baja abarca al 50% de las familias de la Argentina -siete millones de hogares- y casi el 60% de la población -26,8 millones de habitantes-. Naturalmente, en este grupo se incluyen los ciudadanos que están por debajo de la línea de la pobreza -25% de los hogares, 35% de las personas-, pero hay otro grupo muy relevante que sin llegar a ser clase media tampoco es pobre. Este grupo podría motorizar la recuperación del consumo si sus condiciones económicas cotidianas mejoran. Son nada menos que otro 25% de las familias del país, que constituyen un mercado inmenso: 3,5 millones de hogares y 11 millones de habitantes.

La lógica del programa que se está implementando, y que ya puede intuirse de un modo bastante claro, es ponerle plata en el bolsillo a quienes integran la base de la pirámide social, y de ese modo aceitar un flujo de dinero que iría, tal la idea del «derrame inverso», de abajo hacia arriba.

La sumatoria de siete factores haría que se empiece a sentir una mejora progresiva en la economía de la calle. Por un lado, la alta propensión al consumo de los estratos más bajos, que sería estimulada por la recuperación del poder de compra. En segundo lugar, los sobrantes de stock que tienen casi todos los sectores. Tercero, los precios con «resto» o con «colchón», que permitirían focalizarse ahora en recuperar las cantidades vendidas antes que en seguir defendiendo la rentabilidad con nuevos ajustes, empezando así a liquidar esos stocks sobrantes. Cuarto, la ya mencionada recuperación de la capacidad de tomar crédito. Quinto, el consumo latente que existe. Y por último, dotar de estabilidad a dos variables que allanarían un nuevo enfoque en comprar antes que en guardar: tarifas congeladas por un tiempo y dólar estable más cepo cambiario.

Esta mejora potencial en la economía de la calle en el corto plazo le daría cierta calma al humor social, garantizando así la paciencia de la sociedad por un tiempo, mientras se trabaja en cuestiones más estructurales de la macroeconomía.

¿Funcionará?

Hasta aquí, a trazo grueso, la descripción del plan que en parte ya fue anunciado y que es probable que se termine de configurar y formalizar en los próximos días. ¿Funcionará?

Mientras las políticas del Consenso de Washington proponían acotar al máximo la injerencia del Estado en la economía para que las fuerzas del mercado generaran la riqueza que «derramaría» luego hacia los sectores populares, sus detractores señalaban que eran precisamente los fallos del mercado los que impedían traducir la teoría en la práctica. El «derrame no derramaba» o al menos no lo hacía en la medida esperada.

Treinta años después, lo que está en profundo debate en el mundo es cuál debe ser la injerencia del Estado en la economía, no tanto si debe haber alguna o no. Aun los gobiernos con inclinaciones de carácter más liberal y el propio Fondo Monetario Internacional reconocen que es necesaria la presencia del Estado para atender las fragilidades sociales de los grupos más vulnerables.

Ahora bien, cuál es el gradiente de esa intervención es lo que hoy desvela incluso a potencias como los Estados Unidos de Donald Trump, la Gran Bretaña del Brexit o la Francia de los chalecos amarillos.

Todos quieren todo

Claramente no hay todavía un consenso global de ningún tipo. Más bien todos están en una especie de prueba, error y aprendizaje, tratando de encontrar el punto justo entre la generación de riqueza y su modelo de distribución. Lo que en definitiva hace tanto al bienestar social como a la gobernabilidad.

La sociedad de consumidores en la que vivimos es por naturaleza deseante e impaciente. Todos quieren todo, pero no todos pueden todo, lo que genera focos de conflicto permanentes que llegan hasta los lugares más inesperados y desafían una y otra vez a los gobiernos de turno.

Aun sin dar todavía con la fórmula justa entre Estado y mercado -¿se la encontrará alguna vez?-, en lo que sí hay acuerdo es en que para poder repartir, primero hay que generar. Sobran las evidencias empíricas para apreciar lo que sucede cuando se pretende distribuir lo que no hay.

Tal como ha señalado recientemente el prestigioso economista Ricardo Arriazu, con un tipo de cambio competitivo como el que hoy existe, un superávit comercial que sería de unos 14.000 millones de dólares, un boom del turismo extranjero -este año habrán llegado al país cerca de ocho millones de turistas-, la gigantesca oportunidad de Vaca Muerta, la potencia y competitividad del sector agroexportador -habrá que ver su reacción por las nuevas retenciones-, un déficit fiscal primario acotado -0,5% del PBI- y el tema subsidios energéticos resuelto en buena parte, si se logra refinanciar la deuda, las condiciones para volver a crecer están dadas.

Para ser sustentable en el tiempo, el «derrame inverso» requeriría que se cuiden y se potencien estos activos como la fuente de ingresos que nutrirían el sistema e impulsarían la recuperación del consumo, el mercado interno y la industria.

Dado que más temprano que tarde surgirán, como sucede siempre en la política económica, objetivos contrapuestos e incompatibles, que redundarán en tensiones sociales y sectoriales múltiples, para ser exitoso el mecanismo demandará, sobre todo, mucha precisión.

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Economía

Cómo quedó la tabla de retenciones luego de las modificaciones

El Gobierno modificó el esquema de retenciones y dejó sin efecto el límite de $4 por dólar, lo que en la práctica incrementa los derechos de exportación El Gobierno Nacional modificó el esquema de retenciones y dejó sin efecto el límite de 4 pesos por dólar, lo que en la práctica incrementa los derechos de…

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El Gobierno modificó el esquema de retenciones y dejó sin efecto el límite de $4 por dólar, lo que en la práctica incrementa los derechos de exportación

El Gobierno Nacional modificó el esquema de retenciones y dejó sin efecto el límite de 4 pesos por dólar, lo que en la práctica incrementa los derechos de exportación para determinadas posiciones arancelarias.

«Déjase sin efecto el límite de $4 por cada dólar estadounidense, establecido en el artículo 2 del Decreto N° 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones», fijó el decreto 37/2019 publicado en el Boletín Oficial.

Con dos anexos que hacen exhaustiva mención de los distintos productos arancelados, la publicación de la actual resolución ejecutiva deja cuatro franjas principales de alícuotas para los productos:

5% (con tope de $3 por dólar) de retenciones

Algunas producciones de economías regionales, como los limones o productos industriales.

9% de retenciones



Se incluyeron carnes (vacuna, porcina, ovina, aviar y de pescados), la harina de trigo, el arroz, el maní, la leche en polvo, el maíz pisingallo y las legumbres, entre otros.

12% de retenciones

El maíz y el trigo, la cebada, el girasol y el sorgo.

30% de retenciones

La soja, los porotos de soja y sus subproductos, como aceite y harina.

La medida se tomó en base a «la grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas», por lo que «resulta necesaria la adopción de urgentes medidas de carácter fiscal que permitan atender, al menos parcialmente, las erogaciones presupuestarias con recursos genuinos», indicó el decreto.

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