Fundamentado en la Sección 301, el Representante de Comercio de Estados Unidos de América había iniciado una investigación sobre sí el Impuesto a los Servicios Digitales Francés (ISDF) era discriminatorio en contra de los intereses de ese país.

Recientemente, fue publicado el informe que arrojó esta investigación, siendo que sus 5 conclusiones fundamentales son las siguientes:

1. El ISDF es discriminatorio contra las empresas de origen estadounidense dedicadas a prestar servicios digitales;

5. El ISDF es contrario a los principios tributarios vigentes, al establecer como base imponible a los ingresos en lugar de las rentas, lo cual lo hace particularmente oneroso para las empresas digitales estadounidenses.

En virtud de estas consideraciones, EE. UU. incrementaría los aranceles de aduana que impactarán actividades comerciales por cerca de 2.400 millones de Dólares de los Estados

Unidos de América.

Dentro de estas actividades encontramos desde vinos hasta quesos producidos en Francia y comercializados hasta ahora en EE. UU.

Vale destacar que están planteadas posibles futuras investigaciones con base en la Sección 301 con respecto al Impuesto a los Servicios Digitales de Austria, Italia y Turquía.

Lamentablemente, la decisión de imponer nuevos aranceles sobre los productos de origen francés, genera un impacto doblemente negativo en el comercio entre estos dos países, y demuestra la importancia del consenso sobre las acciones en materia de la economía digital a los efectos de evitar la incertidumbre característica de estas medidas unilaterales.

Luego de que en septiembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación le solicitara al Gobierno una modificación en las partidas para un aumento de sueldo para los empleados del Poder Judicial, este jueves, a través de la acordada 34/2019 se informó un aumento del 10% para los trabajadores del sector con el objetivo de «mantener el poder adquisitivo de los sueldos de todas las categorías».

En una acordada publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), los integrantes de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, junto al secretario general de administración Héctor Marchi, firmaron la suba del 10% que regirá a partir del 1 de diciembre.

En ese sentido, la acordada 34/2019 sostiene que para hacer frente a la suba salarial «se ha solicitado oportunamente a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación la modificación de las partidas presupuestarias vigentes y la disposición de los recursos financieros necesarios para afrontar el correspondiente incremento».

En septiembre, los cinco integrantes de la Corte Suprema le habían enviado una carta al jefe de Gabinete Marcos Peña en la que le reclamaron «disponer las modificaciones en las partidas presupuestarias vigentes y la disposición de los recursos financieros necesarios, a efectos de otorgar un 10% de incremento salarial en el mes de setiembre, un 10 de incremento salarial en el mes de noviembre y un 10% de incremento salarial en el mes de diciembre, todos del corriente año, para todas las categorías del Poder Judicial de la Nación».

En ese entonces, el reclamo de la Corte había llegado luego de que la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, exigiera una mejora de los sueldos.

«Los salarios de los judiciales pierden valor, mientras el trabajo y el esfuerzo del personal crecen de forma exponencial. El gremio reclama una justicia independiente y digna para que deje de ser la cenicienta de los otros poderes del Estado y cumpla el rol que le asigna la Constitución Nacional», destacaron Piumato y la secretaria de Prensa, Ana Chichiliti, en un comunicado.